Algunas veces las empresas, entendiéndose como tal una unidad de explotación económica conformada por elementos humanos, materiales y técnicos, etc., no son solo de propiedad de los accionistas o aportantes, aunque estos aparezcan en los documentos legales, sino de quienes sean dueños de sus activos e incluso de sus pasivos.

En el caso de Electricaribe esos elementos materiales y técnicos no son más que bienes, plantas y equipos; técnicamente se les llama activos, por valor de $3,1 billones, siempre y cuando puedan convertirse en dinero por su posterior venta. Otros activos, entre los cuales están las deudas comerciales y cuentas por cobrar a favor de dicha empresa, valen $1,74 billones. En plata blanca la totalidad de esos activos sin depurar valen hoy $5,6 billones.

Muchos de estos, de pronto la mayoría, han sido adquiridos y remunerados con recursos que han tenido origen en la tarifa que han pagado los 2.645.696 usuarios costeños; otros han sido comprados con recursos de la Nación, y algunos por los departamentos con fondos de la Estampilla Pro-Electrificación Rural. Todo ello sin contar que los municipios son los dueños del espacio público en donde están instalados muchos de esos equipos, parte de los cuales se reclaman como propios en varias ciudades del Caribe.

Electricaribe también es de propiedad de sus acreedores. Al sistema financiero le debe $1,8 billones; a sus proveedores, más otras cuentas por pagar, le adeuda $740 mil millones. Todo lo anterior, sumadas otras obligaciones, arrojan que la empresa tiene un pasivo total de casi $ 4,1 billones, de los cuales $700 mil millones son deudas laborales.

En ese ejercicio de sumas y restas no hay que olvidar que Electricaribe tiene 7.000 empleados de contratistas, 1.468 trabajadores directos y 3.022 pensionados. Estos últimos con bastantes derechos en la empresa, en especial sobre sus activos, ya que al final esas propiedades son la garantía de sus acreencias laborales.

Gas Natural Fenosa, accionista principal de Electricaribe, no es dueño de nada, y a pesar de ello, sin vergüenza alguna, pretende ganarse $3.1 billones con una demanda, cuando por el contrario estaban destruyendo la empresa. Si no la hubieran intervenido y no hubieran iniciado su liquidación, nada de lo anterior existiera hoy, incluyendo los servicios de distribución y comercialización de energía, única razón por la que hay que apoyarla. Mientras llega la subasta de su venta total o parcial, o alguna solución intermedia, hay que garantizar el futuro de la compañía y un servicio oportuno y eficiente. Para lograrlo los actuales o nuevos inversionistas deben invertir $1,5 billones de aquí a 2021.

La Superintendencia de Servicios Públicos, con José Miguel Mendoza a la cabeza, ha venido cumpliendo una excelente labor: el recaudo en 2017, en promedio, supera ya en 1% el promedio del año anterior y ese solo ítem genera $40 mil millones más; la energía que al final pagan los ciudadanos no estará sujeta a los vaivenes de la bolsa; el ahorro en costos y gastos ya es una constante al interior de esa compañía y algo de inversión, frente a lo mucho que hay que hacer, se viene ejecutando.

Pero mientras llega la subasta o las soluciones intermedias, para que la empresa continúe prestando el servicio, es necesario que todos los ciudadanos paguen oportunamente sus obligaciones y ojalá las entidades públicas se pongan al día.

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