Mañana comienza la discusión del proyecto de ley en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Este martes, a partir de las 10 de la mañana, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dará primer debate al proyecto de acto legislativo n° 105, por el cual se unifican las elecciones nacionales y locales y se amplía el periodo de mandato.
Aunque el pasado 27 de septiembre se realizó una audiencia pública para la socialización de la iniciativa, el proyecto fue calificado por diversos sectores como un “orangután” contra la democracia.
El borrador publicado en la Gaceta de la corporación fija la elección de presidente y vicepresidente para el segundo domingo de mayo, mientras que las de Congreso, asambleas, concejos y JAL, y los gobernadores y alcaldes para el segundo domingo de marzo.
Asimismo el proyecto introduce un artículo transitorio en la Constitución que establece, en caso de su aprobación, que las funciones de los servidores públicos irán hasta el 19 de julio de 2022, de forma que los períodos de alcaldes y gobernadores coincidan con el de presidente.
Doce congresistas, cinco de Cambio Radical, tres de La U, dos liberales, uno del Centro Democrático y uno conservador, son los autores del proyecto que promovió Germán Vargas Lleras cuando estaba en campaña presidencial.
Frente a la tormenta que se ha generado por la iniciativa parlamentaria, Cesar Lorduy, representante atlanticense y uno de los autores, advierte que hay 1.101 alcaldes y 32 gobernadores, por lo que sería “absurdo, además de ser antiético y moral que uno pudiera presentar un proyecto de ley para poder beneficiar o perjudicar a uno de esos alcaldes o gobernadores”.
Señala que en el caso de los mandatarios desaprobados por su gestión, la ley establece los mecanismos para pedirles que se aparten del cargo, como la revocatoria del mandato.
Argumentos
La exposición de motivos del proyecto de acto legislativo que busca unificar el período de mandatarios locales con el presidente, y, por única vez, ampliar el actual período por 6 años, se sustenta en tres puntos:
–La desarticulación de los planes de desarrollo entre autoridades locales y Presidencia.
–La ley de garantías, creada para la reelección presidencial, que limita el margen de maniobra de las autoridades locales por cuenta de las restricciones para la contratación.
–El ahorro que se presume se generaría por la simultaneidad de las elecciones (un mismo día o en fechas cercanas) por el orden de los $409 mil millones.
Lo bueno…
Por su parte, el politólogo y docente universitario Fernando Giraldo explica que a diferencia del presidente, que desde que se posesiona puede intervenir el presupuesto y la estructura del Estado en todos sus niveles, los mandatarios locales quedan “completamente amarrados” a los presupuestos y planes de desarrollo de sus antecesores, al menos durante los primeros ocho o nueve meses de gobierno.
Antecedentes
Hasta 1986 las elecciones legislativas se realizaban junto con las elecciones regionales (Concejo y Asamblea), y fue a partir de una reforma que en 1988 se hizo la primera elección popular de alcaldes para períodos de dos años
Con la Constituyente de 1991 se aprobó la elección popular de gobernadores y se amplió el período de los alcaldes a tres años.
Una nueva reforma en 2002 estableció en cuatro años el período de los mandatarios locales, igual en duración al del presidente.
En 2014 el gobierno de Juan Manuel Santos intentó introducir en la reforma de equilibrio de poderes que el periodo de los servidores públicos fuera de 6 años y simultáneo con el del presidente de la República, pero la iniciativa naufragó. Lo cierto es que la discusión apenas comienza y se requieren ocho debates en Cámara y Senado para esta reforma constitucional que ampliaría el mandato de los actuales alcaldes y gobernadores hasta 2022, de ser aprobada.
