El proyecto como tal busca, de manera puntual, brindar protección y confidencialidad al ciudadano o funcionario, bien sea público, privado, o inclusive desempleado, que denuncie casos de corrupción que desvíen el dinero público. La iniciativa es impulsada por el gobierno nacional y, en especial, por la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez.
Todos los partidos políticos en el Congreso de la República respaldaron el primer informe de ponencia. “Estamos de acuerdo en que la corrupción sin importar su modalidad, forma y apariencia que se presente debe ser sancionada y evitada. Esto con la idea que todos los ciudadanos puedan ser los ojos y oídos y defender el patrimonio público. Lo que perseguimos es que el ciudadano sea objeto de protección”, aseguró el congresista.
A su vez, en detalle, Lorduy enfatizó en que las conductas se siguen repitiendo pues la persona sabe que no será sancionada y puede sentirse temerosa frente a las instituciones y los supuestos poderosos de las mismas. “Si el ciudadano no tiene protección, nunca estas conductas podrán ser conocidas por las autoridades. Lo acosan, expulsan y hasta lo sancionan. Es sencillo, estas personas tienen que ser objeto de protección pues todo acto corrupto se sabe, pero si ese alguien no tiene el recurso para ser objeto de protección, la ciudadanía tampoco tendría la oportunidad de conocer ese acto y castigarlo”.
