El proyecto de acto legislativo modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable para violadores y asesinos de niños y niñas.
Con esto, el proyecto en que el Representante a la Cámara, Cesar Lorduy, es uno de sus autores y ponentes, cumplió con sus cuatro debates en la legislatura en que fue presentado, ahora le resta una segunda vuelta (cuatro debates más) el próximo año legislativo, para pasar finalmente a sanción presidencial por ser una reforma a la Constitución Política.
“Se salvó proyecto de acto legislativo que impone cadena perpetua a criminales y violadores de niños y niñas. El senado lo aprobó con suficiencia de votos y, en consecuencia, ahora el proyecto pasa a segunda vuelta. Estoy muy orgulloso de ser uno de sus autores y ponentes”, expresó Lorduy tras conocer la noticia.
El texto propuesto busca que establecer en el ordenamiento jurídico colombiano la prisión perpetua revisable cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o la víctima este en incapacidad de resistir. Así las cosas, la idea es lograr con la reforma que se puedan poner la pena de prisión perpetua y será revisada en un plazo no mayor a 25 años.
La iniciativa legislativa, presentada en 11 oportunidades ante el Congreso, recibió esta vez un concepto favorable del Consejo de Política Criminal cuando su estudio cursó en Comisión Primera de Cámara, lo que fue fundamental para que el proyecto siguiera en trámite ante los cuestionamientos de varios legisladores.
El proyecto de ley es de autoría de los Representantes a la Cámara Cesar Lorduy, Martha Patricia Villalba Hodwalker, Adriana Magali Matiz Vargas, Jorge Burgos Lugo, Harry Giovanny González García, Emeterio Montes, Norma Hurtado y otros.
A su vez, se contempla en el articulado del texto propuesto, la formulación de una política pública integral de parte del Gobierno Nacional que desarrolle la protección de niños, niñas y adolescentes; principalmente fundamentados en las alertas tempranas, educación, prevención, judicialización efectiva, condena y acompañamiento psicológico.
