Un comercial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD– que se emite por televisión termina con las palabras de un gobernador que, orgulloso, expresa frente al invierno y al aumento en los niveles de los ríos que cumplió con su deber porque les dio aviso a las autoridades, cuando la autoridad es él.

Ese testimonio refleja la desidia, indiferencia y hasta arrogancia de lo que piensan muchos gobernadores y alcaldes frente a estos avisos, estudios, etc., pues todo indica que consideran que la prevención y atención de las amenazas de desastres sobre la población que representan es un problema de otros y no de ellos.

Esos otros, como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –Igac– les han venido diciendo hace rato que Colombia es uno de los países más sensibles a los eventos climáticos extremos, por la configuración del relieve de su territorio y la cercanía de la población a sus costas, pero parece no importarles.

Tampoco les importa un análisis de la Procuraduría General, periodo 2010 – 2013, que les dice que hay 741 municipios que han sufrido problemas de deslizamientos y 693 inundaciones. Igualmente, desconocen lo que Germán Vargas Cuervo, científico de la Universidad Nacional, ha manifestado en su estudio de 2015 ‘Amenazas, riesgos naturales y ambientales’: hay 385 municipios vulnerables a tragedias naturales; y para rematar ignoran que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, les ha advertido que son más de 500 los municipios que presentan algún grado de alerta por inundación.

Si lo anterior fuera poco, el Igac, en un informe de 2015, muestra que el 18,7 % del país, es decir 21,3 millones de hectáreas en 24 departamentos, tiene amenaza alta o muy alta de derrumbes o movimientos en masa. Para la misma época, la Procuraduría, en el estudio ‘Adaptación de los Municipios de Colombia al Cambio Climático y Educación Ambiental’, concluyó y les informó a esos entes territoriales que el 85 % de ellos no cuenta con un sistema de alertas tempranas asociadas a amenazas naturales, y que el 63 % ni siquiera ha actualizado su instrumento de ordenamiento territorial.

Sin hacer mayores estudios, alcaldes y gobernadores –si la desidia se los permite– lo que deben hacer es buscar su municipio en algunos de los documentos anteriores y reconocer que la Ley 388 de 1997, que regulan los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, les obliga a incorporar en estos las estrategias de prevención por afectación de la población producto de desastres naturales.

Así estaban las cosas antes de que sucediera la tragedia invernal de Mocoa: a juicio del Igac, en 2008 tenía un Plan Básico de Ordenamiento Territorial lleno de retórica, con expresiones de buena voluntad, que no debe ser muy distinto de los que tienen muchos municipios amenazados, pero que no son nada concreto para prevenir, mitigar o impedir hechos como los que hoy lamentamos, que han despertado la solidaridad de toda Colombia y el accionar oportuno del Gobierno Nacional.

Mocoa es cualquiera de los municipios a los que se refieren las entidades antes citadas, pero también es la muestra que la desidia, la indiferencia y el incumplimiento del deber a veces es una parte de los planes o programas de gobiernos locales, que al final se convierten en la fuente del dolor y la tristeza. Esa que nos enluta.

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