Proyecto de ley radicado:«Por medio de la cual se crean y se organizan las Autoridades Portuarias Regionales y se dictan otras disposiciones».
A propósito del tema, el Representante a la Cámara, Cesar Lorduy, comparte una columna de opinión sobre las autoridades portuarias en Colombia.
En el último libro del historiador cartagenero Rodolfo Segovia el lector se sumerge en los eventos marítimos del Siglo XVII ocurridos en el mar Caribe. Buques, galeones, piratas, murallas y militares son protagonistas de batallas y estrategias de guerra geopolítica, porque el mar y los ríos han sido la venas sociales y económicas de Colombia y de toda Latinoamérica.
Así lo entendieron los europeos colonizadores, y así nos lo hicieron entender a los criollos, que iniciamos un proceso de tecnificación y organización de puertos e instituciones.
Pero a Colombia le ha faltado un paso en esa organización. Hoy la dirección, planeación, gestión y ejecución de los puertos, zonas portuarias y canales de acceso se desarrolla en un mar de entidades sin coordinación alguna, dando lugar en muchas ocasiones a conflictos de competencias porque no existe un manejo integral, haciendo a la actividad portuaria ineficiente e ineficaz.
En Colombia han sucedido cosas diferentes a las que han logrado los españoles en materia portuaria –a quienes les aprendimos muchas cosas, menos esto– y hoy ellos son referentes en el mundo: tiene 28 autoridades portuarias, que a su vez administran 48 puertos marítimos, que son vigilados y controlados por una entidad que se llama Puertos del Estado, que es algo muy similar a la Superintendencia de Puertos y Transporte de Colombia, que a su vez depende del Ministerio de Fomento, equivalente al Ministerio de Transporte en nuestro país. Son instituciones sólidas y oportunas.
Por eso, con el fin de mejorar la institucionalidad que necesita nuestra Región Caribe las autoridades portuarias deben ser reconcebidas como entidades descentralizadas con total autonomía, vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte; su objetivo debe ser la administración y operación, integral y sistémica, de los puertos, muelles y terminales, canales de acceso, canales navegables y canales privados, sus zonas de navegación y flotación, y demás componentes de la infraestructura de transporte que correspondan a cada una de las zonas portuarias bajo su jurisdicción.
Además, es necesario definir las contraprestaciones portuarias por la utilización, goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público, como riberas, playas y terrenos de baja mar; así como la definición de un porcentaje de regalías por el manejo y exportación del carbón ubicado en zonas portuarias.
Los anteriores son tan solo dos ejemplos de reformas que debemos hacer de inmediato. El Congreso de la República y el Gobierno Nacional deben prestarle más atención a los puertos y a las autoridades portuarias, levar las anclas e iniciar una discusión para mejorar las instituciones marítimas.
Así como la Isla de Providencia, narra Segovia, vivió conquistas y reconquistas trágicas por una mezcla de ineficiencias y negligencias, nuestros puertos perderán competitividad, liderazgo y control si no los fortalecemos de inmediato.
