Columna de opinión en el periódico El Heraldo escrita por Cesar Lorduy. Fecha de publicación: 2 de julio de 2016.
El 13 de septiembre de 2014, el presidente Juan Manuel Santos, en la firma en Barranquilla del contrato de navegabilidad del río Magdalena entre Navelena y Cormagdalena, expresó que su recuperación forma parte del país en paz que todos queremos y agregó que “el impacto de la navegabilidad del río Magdalena es difícil de exagerar. En materia de competitividad, en materia de reducción de costos, en materia de reducción de tiempos, inclusive un impacto que cada vez es más importante, el impacto ambiental”.
Para esa fecha no habían expedido la ley contra el soborno transnacional ni habían condenado en Brasil a Marcelo Odebrecht y menos había expedido el Consejo de Estado el concepto sobre las inhabilidades e incompatibilidades que se pudieran generar respecto a condenas en el exterior por actos de corrupción.
Lo que sí ha pasado es que Navelena, ganadora del contrato por $2,5 billones (pesos constantes a diciembre de 2012), y cuyos accionistas son Constructora Norberto Odebrecht de Colombia, con el 25%; Participaciones e Investimentos, 61,67%, y Valorcon, 13,33%, ha cumplido todas las obligaciones del mismo, pero el cierre financiero no lo ha podido llevar a cabo y por tanto, cumplidos unos plazos, está al borde de que se pueda iniciar un proceso de caducidad que no le conviene a nadie.
No les conviene a los accionistas de Navelena, algunos de ellos contratistas del Estado, a los que les podrían surgir inhabilidades o incompatibilidades para seguir contratando. Tampoco les conviene porque entre más cerca se esté de la caducidad, el valor de la cesión que pagarían alguna o algunas de las 12 compañías interesadas tiende a bajar y más de $200 mil millones, que hasta la fecha ha invertido esa empresa más el costo que representa tener en el río hoy 113 equipos fluviales, 62 de ellos en operación, estarían en una situación de alto riesgo.
A Cormagdalena tampoco le conviene porque, más allá de tener que cumplir con sus obligaciones misionales, en especial las contractuales, y de evaluar al posible cesionario, es poco o nada lo que puede hacer –no es su responsabilidad– para obtener recursos a favor de Navelena a fin de que logre el cierre financiero.
Pero tampoco le conviene al país, y menos a la Región Caribe, una caducidad porque tendríamos que volver al principio, lo que generaría un atraso en todo el proyecto de más de 20 meses, que fue el tiempo que se tomó Cormagdalena hasta la firma del contrato, más 19 meses que han transcurrido desde la firma del mismo a la fecha. Y todo podría agravarse porque en ausencia del contrato, a alguien se le puede ocurrir, de manera obtusa, retirar o revocar las vigencias futuras que son la fuente de pago que han permitido que tal proyecto sea una realidad.
Ante tantas inconveniencias lo que podemos pedir, por el bien del país y de la Región Caribe, es que Navelena cumpla el cierre financiero o que algún accionista ceda su participación en el contrato, lo más rápido posible, porque el río y la navegabilidad no pueden darse el lujo de perder 39 meses –hasta ahora– y menos de poner en riesgo unas vigencias futuras.
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