Columna de opinión en el periódico El Heraldo escrita por Cesar Lorduy. Fecha de publicación: 21 de mayo de 2016.

Arroz, cacao, azúcar, cemento, pañales desechables para bebés, cuadernos, papel higiénico, servilletas, papel de cocina y pañuelitos parecerían, en una economía sana, la lista de mercado de una familia común y corriente. Pero no. Esa es la lista de los emblemáticos carteles empresariales sancionados o investigados en la última década en Colombia por la Superintendencia de Industria, en su misión de proteger la libre competencia económica que, como ya lo hemos dicho en otras columnas, está establecida para garantizar el bienestar general de los consumidores y de los propios empresarios.

Eso que se denomina opinión pública, que incluye a líderes, empresarios, personas de todas las profesiones, oficios y estratos socio-económicos, amas de casa y en general a todo el mundo, se encuentra indignada y decepcionada por el deplorable comportamiento de un puñado de empresas y empresarios –por fortuna una minoría– que en los últimos 15 años han hecho lo que han querido, y lo más grave, en contra del pueblo.

Estas empresas involucradas hasta el “cuello blanco” en conductas de cartelización empresarial para falsear los precios en el mercado deben ser objeto de las más drásticas sanciones económicas, porque, la verdad, no hay derecho a que hayan sometido a los colombianos a adquirir esos productos a precios por encima de los de competencia, es decir con un sobreprecio de entre un 15% y un 60%, que es el impacto de los carteles, según estudios de la OCDE.

Uno de los problemas de los carteles empresariales es, precisamente, que el precio falso (precio de competencia más sobreprecio) genera desperdicio de recursos en los estratos medio y alto, pues gastan más de lo que deberían en la adquisición de esos bienes (ineficiencia), privándose de adquirir más bienes con menos plata. Pero el problema de verdad, el de fondo, el inhumano, es que las clases menos favorecidas de la sociedad (mal denominados pobres) no tengan acceso a determinados bienes, incluso de la canasta familiar, porque el precio falso, y alto, fijado por el cartel conlleva a que esos bienes sean inalcanzables. Y ese es el drama de millones de colombianos afectados por los carteles y por otras causas de la pobreza; el drama de millones de familias que sobreviven con uno o dos salarios mínimos, siendo los sobreprecios en los productos una estocada al bolsillo, pero sobretodo al alma, a la esperanza de un mejor país, al sueño de poder tener lo mínimo vital.

Y sé que estoy pareciendo, de pronto, algo exagerado. Pero no. Al contrario. Tristemente me estoy quedando corto. ¿Cómo es posible que en Colombia, según la Encuesta Hogares Dane 2007, en 3,5 millones de hogares colombianos, es decir, en donde viven 12 millones de personas, no se compre papel higiénico? ¿Hay derecho?

Por esto me uno a las voces de la mayoría de colombianos que esperan que estas empresas pidan perdón ante el país, sin perjuicio de las severas sanciones que deberá imponerles la Superindustria en los próximos días.

Link a columna de opinión: https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/perdon-y-sancion-261936

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