Al parlamentario Cesar Lorduy, además de muchos otros temas, le preocupa lo que llama “reforma al sistema de regalías, toda vez que se le quitan facultades para definir y aprobar proyectos a los Ocad”. Varios son los parlamentarios a la expectativa por las facultades al Presidente para crear, eliminar, fusionar entidades y reasignar funciones en el tema.

No se tocarán subsidios en servicios ni cotizaciones de independientes

Con tres trinos,  el presidente Iván Duque tumbó en la noche de este lunes dos de las propuestas más polémicas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo que comenzará a debatirse en el Congreso en las próximas horas: la eliminación de los subsidios en servicios públicos como el de la energía eléctrica y el aumento de los aportes de los trabajadores independientes a la seguridad social.

«Queremos generar el mayor bienestar para los colombianos, de manera responsable. Por eso, le he dado instrucción al equipo económico que trabaja en el Plan Nacional de Desarrollo, para que los subsidios de servicios públicos a los colombianos más vulnerables no se toquen», dijo en el primero de los trinos.

Y en el segundo agregó: «…y para que otros sectores de la población hagan un mínimo aporte solidario, con el fin de que más colombianos que hoy no tienen acceso a los servicios públicos, puedan hacerlo». Esto podría significar una carga adicional a los estratos altos en favor de los estratos bajos.

El planteamiento inicial significaba la desaparición del 15 por ciento de subsidio al estrato tres. Duque no lo dice expresamente, pero este estrato se considera tradicionalmente entre los vulnerables, por lo cual se podría pensar que ya no sería afectado.

Los parlamentarios de la Costa Atlántica mostraron una especial preocupación por el impacto fuerte que podría tener el cambio en la economía de este estrato en la región, donde las tarifas de la energía ya de por si son altas y el servicio no es el mejor.

En el tercer trino, Duque afirmo:»Así mismo, consideramos que no es necesario modificar ni las cotizaciones ni la base gravable para los aportes a la seguridad social de trabajadores independientes».

En el plan se incluyó inicialmente un incremento de la base de cotización a salud de los trabajadores independientes de 40 a 55 por ciento.

Pese a la desactivación de estas dos polémicas, el camino del Plan de Desarrollo en el Congreso no está despejado. El texto llega con más reparos que elogios.

Sus 183 artículos pretenden recoger los tres ejes de la carta de navegación del cuatrienio: legalidad, emprendimiento y equidad; y los once pactos generales establecidos.

Durante dos semanas, desde que fue radicada la iniciativa en el Legislativo, se han ido destapando los reparos, que van desde el rechazo a los cambios en los subsidios a la energía para el estrato 3, pasando por el escozor que les produce a los gobernadores del país la idea de modificar las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos; o las propuestas de poner a cotizar de forma gradual a un 5 por ciento del total de la población que hasta ahora ha sido subsidiada en salud.

La controversia se soporta en parte en el hecho de que el Gobierno ha señalado que el 47 por ciento de las inversiones en el cuatrienio serán para generar mayor equidad, mientras que muchos de los analistas no ven esto reflejado en el articulado del proyecto. Estos son los niveles de temperatura que hay para el debate legislativo que se inicia este martes.

La exdirectora de Planeación nacional, Cecilia López, estima que “es riesgoso sacar a la gente del régimen subsidiado utilizando como criterio los ingresos establecidos para inscribir a una persona en uno u otro rango social. Así, quien tiene menos de 250 mil pesos es pobre, quien tiene entre 250 y 550 mil es vulnerable. Con esta medida los ponen a escoger entre comer o comprar una medicina. Los ponen en riesgo de pasar de vulnerable a pobre”.

Al parlamentario Cesar Lorduy, además de muchos otros temas, le preocupa lo que llama “reforma al sistema de regalías, toda vez que se le quitan facultades para definir y aprobar proyectos a los Ocad”.Varios son los parlamentarios a la expectativa por las facultades al Presidente para crear, eliminar, fusionar entidades y reasignar funciones.

Privatizaciones

También está en la mira el artículo que da vía libre al Gobierno para privatizar hasta el 49 por ciento de las participaciones minoritarias en bienes. Según estima Miranda, hay que encender las alertas por las facilidades que se le dan al sector minero. “El artículo 21 prorroga los contratos de concesión minera por 30 años. Parecería que el Gobierno le seguirá apostando al sector fósil y no piensa en la renovación de energías alternativas”. Esto, sin contar con que el artículo 18 habla de que las licencias ambientales mineras se podrán otorgar de forma exprés, en 30 días, sin mucho tiempo para definir la viabilidad de los proyectos.

Otro de los puntos polémicos que ha motivado firmas de exdirectores de Planeación es el que se refiere a la unificación del presupuesto, con lo cual “le quitan dientes al Departamento Nacional de Planeación”, indicó Miranda.

Este punto incluso enfrentó al Ministerio de Hacienda con Planeación Nacional, pues el primero estima que es el camino para ponerles mayor eficiencia a los recursos presupuestales, mientras que el segundo alega que desde Planeación se propone la inversión con una visión más regional.

El paquete de reparos es tal que ya los congresistas alistan al menos un centenar de proposiciones, unas para tumbar artículos, otras para agregar nuevos.

Desde esa perspectiva, tienen en estudio el artículo 52, que autoriza procesos de vigencias futuras ordinarias y excepcionales en el 2019, para los proyectos que conlleven cofinanciación nacional. Esto ha sido entendido como vía libre para que los territorios abran las compuertas a fin de ampliar la deuda pública.

Lo que pasará sin reparos

Entre lo que pasará sin reparos, y quizás en bloque, como ha ocurrido en proyectos del Gobierno, está el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa; los esquemas asociativos territoriales.

El gremio de ingeniería sanitaria y ambiental, Acodal, celebra el hecho de que exista un pacto por los servicios públicos, cuyas inversiones han sido estimadas en 44 billones de pesos.

Tampoco riñe con nadie la idea de promover inversiones para el saneamiento del río Bogotá y la expansión de las telecomunicaciones.

Lo que aún está tibio

Está en remojo el tema sobre la eliminación de la norma que focaliza los subsidios de créditos del Icetex en personas de estratos 1, 2 y 3.

Los resultados que espera el Gobierno

Con las medidas propuestas en el Plan de Desarrollo, cuyo costo será de 1.096 billones de pesos, el Gobierno ha promovido múltiples expectativas.

En primer lugar, el 47 por ciento de los recursos se destinará a programas y políticas para el logro de la equidad social. Este objetivo, sumado a la idea de que la economía pasará de crecer a ritmos del 3,3 por ciento a más de 4 por ciento, aseguraría que se pueda promover un mejoramiento en la calidad de vida de los colombianos.

Por ello, en las bases del plan se habla de reducir la pobreza monetaria en seis puntos, pasándola de 27 a 21 por ciento; o de casi acabar con la pobreza extrema, que está en 7,4 y pasaría a 4,4 por ciento. De hecho, el presidente Iván Duque ha dicho que el plan se construyó “con base en las necesidades locales y regionales demandadas por los territorios y sus gentes”.

Tomado de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/plan-de-desarrollo-2018-2022-inicia-debates-en-el-congreso-328424

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