Columna de opinión en el periódico El Heraldo escrita por Cesar Lorduy. Fecha de publicación: 23 de abril de 2016.
Las Órdenes Ejecutivas son instrumentos utilizados por los presidentes de Estados Unidos para tomar decisiones importantes de gobierno. El 1 de enero de 1863, Abraham Lincoln profirió la Proclamación de la Emancipación, y de un plumazo les cambió el estatus a más de 3 millones de estadounidenses que pasaron de ser “esclavos” a “libres”.
Ciento cincuenta años después, el primer presidente afrodescendiente de Estados Unidos, Barack Obama, expide otra Orden Ejecutiva: esta vez encaminada a adoptar medidas tendientes a incrementar la libre competencia en el mercado americano.
La decisión dada a conocer esta semana por Obama parte de la premisa de que los mercados competitivos son la piedra angular del sistema económico de su país, y por eso debe librarse una batalla sin cuartel contra quienes atentan contra la libre competencia, cartelizándose o coludiéndose en contratos públicos, pues esas conductas monopolísticas erosionan la vitalidad de la economía americana.
Estas prácticas anticompetitivas (entre ellas, la cartelización) traen consigo nefastas consecuencias para todos los consumidores, empresarios, trabajadores y la economía en general. En efecto, generan precios más altos, menos innovación tecnológica, menos calidad, peor servicio al cliente, menor variedad y menos empresas incursionando en los mercados, lo que evita el crecimiento económico.
La orden de Obama resalta que, en cambio, mercados en franca competencia ayudan a concretar prioridades de interés nacional, es decir crecimiento económico, mejoramiento en la prestación de servicios de salud, independencia energética, generación de empleo, entre otros efectos, por lo que debe perseguirse con todo el vigor de la ley a quien atenta contra ello.
Que el presidente de la primera economía del mundo, que cuenta con una ley de competencia desde 1890 –¡léase bien 1890– profiera ahora una Orden Ejecutiva resaltando la importancia de la libre competencia, muestra la trascendencia de contar con una política pública en este sentido, pues se trata, nada más ni nada menos, que de la supervivencia de la economía de mercado como sistema económico.
Por eso debe destacarse que hoy Colombia sobresalga en la región como un país líder en la protección de la libre competencia. No en vano la Superintendencia de Industria y Comercio es referente para otras autoridades de América Latina y sus investigaciones por cartelización han trascendido fronteras.
La orden de Obama confirma que esta es la política pública adecuada, por lo que Colombia transita por el sendero correcto. El país espera que pronto se decidan los casos de los presuntos carteles de cuadernos, papel higiénico, pañales, subastas ganaderas, seguridad privada y cemento, y se adopten las medidas necesarias para proteger la libre competencia. Al final del día, así algunos empresarios se resistan a aceptarlo, es por el bien de todos, incluidos ellos. Y no hay que olvidar que el supremo objetivo de la Superindustria debe ser proteger a los consumidores.
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