El Caribe colombiano tiene un espacio marítimo de 589.560 km² y el Pacífico de 339.100, lo que genera una línea costera de 1.642 km para la primera región y de 1.300 km para la segunda. Estos espacios sumados constituyen el 45% del territorio nacional. Otro territorio colombiano es el insular, conformado por el Archipiélago de San Andrés y las islas de Providencia y Santa Catalina en el Mar Caribe y las islas de Gorgona, Gorgonilla y Malpelo en el Pacífico.

Trece departamentos hacen parte de las zonas costeras e insulares del país, nueve de ellos en el Caribe: el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, parte del Chocó y de Antioquia. Los cuatro del Pacífico son parte del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Gran parte del país, acostumbrado a ver el suelo, y en especial las montañas, como lo único que conforma el territorio nacional, se ha olvidado de su espacio marítimo, de las playas y costas. Si no fuera por el trabajo de la Armada Nacional y de la Dirección Marítima, y por la visión ambiental que propugnan por su protección, la suerte de nuestras playas y costas fuera peor de lo que hoy son.

A 2014 había 30.000 predios en áreas costeras invadidas. Y la cifra sigue creciendo. Asentamientos humanos, algunos desarrollos viales, la actividad turística sin control, fenómenos naturales, multiplicidad de competencias institucionales, la contaminación técnica y normativa, y a veces una mala delimitación de las zonas costeras, entre otros factores, vienen afectando nuestras playas y costas, a pesar de que las mismas son espacios y bienes de uso público, inalienables, inembargables, imprescriptibles y por tanto intransferibles a particulares, quienes solo podrán obtener concesiones o autorizaciones para su uso y goce.

Con base en esas razones, la Procuraduría General desarrolló un estudio que culminó en 2016 con la Guía de actuación para la protección de los bienes de uso público en la playa y zona de bajamar, que busca una comprensión integral de esas zonas como elemento central para fortalecer la acción del Estado, en especial de los mandatarios locales. Sin embargo, pese a ello los problemas continúan.

Por su parte los senadores Álvaro Ashton y José David Name realizan otro esfuerzo, liderando y apoyando el proyecto llamado Ley de Costas –está pendiente de que sea aprobado en el Senado– que podría contribuir a solucionar el problema causado por las delimitaciones de playas y áreas de bajamar, ya sea por obra de la naturaleza o por diagnóstico de la tecnología aplicada, que en algunos casos han generado que zonas privadas se conviertan en zonas de uso público, y otras que, siendo utilizadas de manera adecuada y para fines lícitos, deberían ser destruidas o desalojadas, tal como ocurriría con muchos predios en la costa del Pacífica.

Solucionar ese punto, si aprueban el proyecto, quedaría a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que deberá tener en cuenta para la fijación de límites la realidad física actual y el respeto de los derechos de dominio y plena propiedad adquiridos de conformidad a la ley vigente al momento del acto jurídico de adquisición y que estén debidamente inscritos en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, porque no toda ocupación de playas y costas es invasión, y menos robo.

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