El próximo 12 de octubre se cumplirán 77 años de haberse adherido Colombia a la Convención de Washington de flora, fauna y bellezas escénicas, cuyo objetivo es el de proteger de la extinción a todas las especies de América, así como el de preservar áreas de extraordinaria belleza, con énfasis en formaciones geológicas o con valor estético, histórico o científico.

El resultado de ese compromiso, y el de toda la normatividad que ha surgido como consecuencia de los nuevos acuerdos o convenios internacionales que hemos firmado, más la que se ha desprendido de la Constitución del 91, son las 59 áreas protegidas que hoy tenemos en Colombia y los 21 páramos que se han delimitado hasta ahora. Todos suman cerca de 24 millones de hectáreas, que para 2018 –si se cumplen las metas– se incrementarán en casi 3 millones, lo que significará que el 23% del total del territorio nacional estará dedicado a prestar servicios ambientales y ecosistémicos.

A pesar de que hemos crecido en lo anterior, no lo hemos hecho de la misma manera en el personal dedicado a la protección de esas zonas, pero sí en los factores que, constantemente, permiten afectar y atentar contra la preservación de dichas áreas, tales como la tala, el tráfico ilegal de animales, los incendios, la pesca, la siembra de cultivos ilícitos, la minería y la expansión ilegal de agricultura y ganadería, etc.

A ese paisaje de destrucción que nos brindan las actividades ilegales súmeseles la conducta y el comportamiento de los que en plan de turismo o ecoturismo visitan los parques nacionales y páramos, honrando su presencia con la huella de basuras, desperdicios y destrucción que dejan a su paso, tal como lo describiera –para solo citar un caso– Costas Christ, editor y columnista de National Geographic Traveler, en el parque Tayrona.

Por ello, y aunque suene duro, es hora de preguntarnos si el actual sistema de proteger lo que se declara protegido es suficiente o es el momento de pensar en alternativas como respuesta a no quedarnos cruzados de brazos contemplando cómo los demás destruyen los patrimonios de quienes estamos vivos, pero que también pertenece a los que están por nacer.

Los servicios ambientales que prestan las zonas protegidas, en especial los parques nacionales, pueden ser una fuente inagotable de recursos que garantizaría incluso su protección. Así, el llamado turismo ambientalmente sostenible podría realizarse en ellos –hoy maltrechamente se hace en 15 parques– bajo un esquema de alianzas público-privadas que garanticen que actividades como el disfrute del mar y sus playas, el avistamiento de aves y ballenas, el escalamiento de rocas y de altas montañas, la espeleología, el senderismo, el buceo y el camping, etc. puedan practicarse teniendo como base una infraestructura de calidad, hasta con alojamiento, siempre y cuando sea bajo condiciones que respeten la naturaleza.

El principio de colaboración armónica entre entidades del Estado es un mandato constitucional para el bien de los ciudadanos, que tienen el derecho de disfrutar y beneficiarse de los servicios ambientales que prestan las zonas protegidas a cargo de Parques Nacionales, pero también es cierto que ese mismo ciudadano tiene el derecho a unos servicios de calidad para el turismo y ecoturismo en alguna de esas zonas, que por obligación deben fomentar, apoyar y regular el Ministerio de Comercio y Turismo.

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