Columna de opinión en el periódico El Heraldo escrita por Cesar Lorduy. Fecha de publicación: 8 de octubre de 2016.
Una amenaza de golpe mortal se asoma contra el agro colombiano y en especial contra los pamicultores que decidieron hacer cuantiosas inversiones basados en reglas previas sobre biocombustibles, diseñadas para mejorar indicadores ambientales, sociales y de salud, pero que hoy están en alto riesgo, lo que afectaría a más de 175.000 personas que viven de ese cultivo en el país, y en el que la Región Caribe participa con un 26% del total del área sembrada.
Todo ese desastre puede ser causado porque la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, de la noche a la mañana, y contra todas las reglas establecidas que invitaron a invertir en áreas cultivadas y en tecnología, trata de disminuir el precio del biodiesel obtenido del aceite de palma –del que los pamicultores reciben el 60% de sus ingresos–, para igualarlo al precio del diésel, gran parte importado. La propuesta está contenida en la Resolución 140 de octubre 3 de 2016. Ojalá que tal propósito se aplicara al precio del gas natural en boca de pozo.
El biodiésel, que no gasta divisas y que por el contrario las genera como sustituto del diésel (fósil), es obtenido en Colombia básicamente a partir del aceite de palma, que es uno de los cultivos de mayor presencia en nuestros campos. Sin duda, el de mayor crecimiento en las últimas décadas. Según Fedepalma, en 2015 había sembradas 466.185 hectáreas que producen 1.272.522 toneladas de aceite crudo y 513.354 toneladas de biodiésel.
Esos cultivos existen hoy en grandes zonas agrícolas, que antes eran focos de violencia. Allí, como consecuencia del conflicto armado, padecían la más alta pobreza, pero gracias a la inversión y el desarrollo basado en unas reglas de juego –que hoy de un tajo quieren eliminar– han logrado salir adelante y forjar nuevas oportunidades.
En cada hectárea de palma trabajan, de forma directa y formal, cuatro personas. Es decir, más de 175.000 colombianos viven de este cultivo. Son trabajadores que, según Fedesarrollo, reciben un salario que es 20% más alto de todos los que se pagan en el sector agrícola.
También es evidente la contribución del biodiésel en el mejoramiento del medio ambiente, ya que ayuda a evitar el calentamiento de la atmósfera y el incremento de la contaminación del aire y el agua, que son unos de los principales problemas que afectan a la humanidad. Un estudio elaborado en 2012 por el Consorcio CUE, para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Minas y Energía, muestra que al usar biocombustibles las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen en un 74% y 83%, compromiso que, por cierto, adquirió Colombia en el Acuerdo de París.
Al contrario de lo que propone la Creg, lo que debe suceder es que la mezcla que hoy es de 90% diésel fósil y 10% biodiésel, debería tener 15% de biodiésel tal como se comprometieron las autoridades energéticas. Si esto se hubiera dado o se autoriza, además de no seguir aumentando los impuestos sobre la mezcla, el efecto de un mejor precio para los transportadores, a quienes tratan de favorecer, disminuiría.
A la Creg es oportuno recordarle lo que expresó el actual Ministro de Agricultura: “El conflicto amado se inició en el campo y es allí, en medio de la riqueza de la tierra, donde se debe sembrar paz”. Claro que amenazas como esta no ayudan.
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