Columna de opinión en el periódico El Heraldo escrita por Cesar Lorduy. Fecha de publicación: 14 de enero de 2017.
Barranquilla ha sido afectada en los primeros días de 2017 no solo por las fuertes brisas de casi 40 km/h, sino por una ola de atracos y homicidios que ha roto todos los promedios estadísticos de los últimos años, situación que ha reabierto el debate sobre la seguridad de la ciudad y la real capacidad de las autoridades competentes para atenderla.
Para lograr una seguridad estable, el Gobernador, la Asamblea, el Alcalde, el Concejo, la Policía, la Fiscalía y el Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, entre otros, tienen responsabilidades que la ley les ha asignado.
Una responsabilidad común es atacar y combatir los hechos y condiciones que generan delincuencia; capturar a sus autores, juzgarlos y, si hay mérito, ordenar su encarcelamiento.
Sobre la base de que tenemos al mejor alcalde de Colombia, reconocido por la opinión pública, y a la Policía más eficiente del país, que no se va de vacaciones y que como nunca hoy cuenta con todos los elementos de apoyo para su labor proporcionados por el mandatario local, gran parte de los delincuentes deberían estar en las cárceles, a los que por cierto solo llegan los autores de hechos graves y altas condenas.
Los demás van pa’ la calle, no solo por los beneficios del actual sistema penal, sino porque las cárceles no tienen cupo. La Modelo de Barranquilla tiene capacidad para 456 internos, pero hay 966. La Penitenciaria del Bosque solo debe recibir 650 internos y hoy alberga a 1.557; la del Buen Pastor y la Distrital el Bosque también están copadas. Durante más de 6 meses el Alcalde trabajó, y sigue haciéndolo, para viabilizar un terreno en el que pueda construirse otra cárcel, pero la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, dijo que no tiene un peso para ello.
La Fiscalía, por su parte, para atender a una ciudad como Barranquilla, que convive con la población del Área Metropolitana, solo cuenta con 7 fiscales en la Unidad de Vida, 10 en la de Patrimonio e igual número en la de Seguridad Publica, que a duras penas serían suficientes para ejercer sus funciones en un municipio como Malambo.
Los fiscales no tienen policías judiciales que los apoyen y cuando cuentan con ellos solo hay un investigador para atender a tres fiscales. Para colmo, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía apenas tiene 8 funcionarios para atender homicidios y su tentativa.
En ese limitado panorama hay más de 5.000 audiencias que no se han realizado por falta de recurso humano; los fiscales locales tienen cada uno a su cargo más de 1.500 procesos y los seccionales 800. Ese cúmulo de trabajo humanamente imposible de realizar, trae consigo vencimientos de términos que, en la mayoría de las etapas del proceso penal, generan que el delincuente capturado también se vaya pa’ la calle.
El Inpec en Barranquilla no tiene suficiente recurso humano y logístico, al punto de que los detenidos no son llevados a las audiencias por lo que se vencen los términos y también van pa’ la calle.
Con este escenario, a pesar de los esfuerzos de la Alcaldía e incluso de la Policía, la ciudad seguirá siendo afectada en su seguridad, no solo por los delincuentes, sino por funcionarios de la Fiscalía, el Inpec y la Uspec que desde sus cómodos sillones bogotanos parece que se hubieran puesto de acuerdo para que en Barranquilla homicidas, asaltantes, atracadores, etc. se vayan pa’ la calle.
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