Columna de opinión en el periódico El Heraldo escrita por Cesar Lorduy. Fecha de publicación: 20 de mayo de 2017.
El Consejo de Estado en noviembre 30 de 1995 informó que en el Acuerdo 023 del 6 de junio de 1991 por el cual se autoriza a Barranquilla a participar en la creación de una sociedad de servicios públicos, llamada después Triple A, se dispuso que la ciudad debía tener “no más del 89% ni menos del 85%” de las acciones.
En esa misma sentencia se afirmó que las normas y disposiciones del Código de Comercio no pueden ser ignoradas por los acuerdos municipales que tengan como objeto lo anterior; pero hay que recordar que si bien esas corporaciones tienen facultades limitadas cuando se trata de la constitución de sociedades, no las poseen cuando estas entran en funcionamiento.
Luego entró en vigencia la Ley 142 de 1994 que dispuso la aplicabilidad de la ley mercantil respecto de las empresas de servicios públicos con lo cual operó la derogatoria tácita del mencionado Acuerdo. Tanto es así que el exconcejal Humberto Rojas interpuso una acción de cumplimiento para que no se modificara la participación accionaria distrital, proceso fallado en su contra que hizo tránsito a cosa juzgada.
Después de haberse constituido la Triple A y a pesar de las ‘teletones’ se recaudaron del público y empresarios $1.100 millones, suma insignificante para enfrentar el grave problema de la falta de agua. En 1996 Corfivalle buscó un socio operador para la Triple A y luego de un proceso de selección, en el que participaron General Des Eaux, Lyonnaise Des Eaux y Aguas de Barcelona, fue escogida esta última, a la que con posterioridad se le unieron legítimamente el Fideicomiso Fidugán y otros inversionistas privados locales, dando origen a lo que es Inassa.
Inassa entra a la Triple A con la condición de aportar capital, la cual cumplió así: $10.481.655.000 en 1996 y $9.949.973.200 en 1997. Esto le dio el derecho a ser accionista con el 43,1%. Con esos aportes Triple A llevó a cabo sus proyectos iniciales.
En el 2000 Inassa solo tenía intereses en Triple A y en Metroagua, pero en el 2001 desarrolló nuevos negocios, al punto de que ya era socia de Amagua C.E.M, (Guayaquil – Ecuador), AAA Dominicana (República Dominicana) e Hidrolago/Zulia (Venezuela).
A la Triple A le prorrogaron la concesión hasta el 2033, discusión también saldada por el Consejo de Estado el 5 de abril del 2001, y empezó a atender nuevos mercados, como el de Soledad, lo que generó un nuevo valor para la empresa, que, según el banquero de inversión Rothschild, en el 2001 era de entre USD122 millones y USD136 millones, sin incluir sus filiales.
Estas son las razones por las cuales cuando Inassa, el 13 de diciembre de 2001, le vende a Canal Extensia (100% Canal de Isabel II) el 75% de sus acciones por USD73 millones, el valor de la venta resultó ser diferente al valor con el que Inassa entró a Triple A.
En el 2006 fue necesario obtener otros recursos para darle al suroccidente de Barranquilla agua y alcantarillado. Estos los obtuvieron por una emisión de bonos avalados por la financiera del Banco Mundial, pero cuando tocó pagarles a los tenedores no había dinero, lo que exigió una nueva capitalización. A esta concurrió Inassa aportando: $39.223.495.114 en el 2006 y $2.763.495.000 en 2007, con lo cual aumentó su participación accionaria en Triple A.
Si todo lo anterior fue así, ¿qué tiene de malo que alguien valorice legítimamente sus inversiones y después las venda?
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