Columna de opinión en el periódico El Heraldo escrita por Cesar Lorduy. Fecha de publicación: 8 de julio 2017.
El 10 de diciembre de 2013, los representantes legales de Cormagdalena, la Cámara de Comercio de Honda y Confecámaras, mediante la escritura pública 15085 de la Notaria 29 de Bogotá, constituyeron la Corporación Centro de Investigación Científica del Río Magdalena “Alfonso Palacio Rudas”, entidad privada con domicilio principal en Honda, Tolima.
Seis días después Cormagdalena firmó un convenio con la naciente entidad privada y le aportó $1.193.929.242; dos años después sus fundadores decidieron que la sigla de la entidad era Cirmag y que su nuevo objeto era la investigación científica del río Magdalena, desde su nacimiento hasta su desembocadura, así como el de su cuenca hidrográfica y sus afluentes.
En 2015, el funcionamiento anual de Cirmag, a cargo de un ingeniero forestal como director y de un ingeniero ambiental como subdirector, ambos excontratistas de Cormagdalena, pero ahora vinculados a la nueva entidad privada mediante contratos laborales, fue de $899.931.976; en 2016 de $972.345.930 y para 2017 el presupuesto fue proyectado en $1.043.010.822, dineros aportados en su totalidad por una entidad pública: Cormagdalena.
Desde su nacimiento y bajo el supuesto de darle cumplimiento a lo establecido en la Ley 161 de 1994, que ordena la instalación de un Centro de Investigación Científica en Honda para estudiar y elaborar proyectos de interés en esa área del Río, así como para el estudio del mismo, Cirmag ha recibido aportes, contratos y convenios, todos firmados con Cormagdalena, por $17.181.542.560.
Como complemento, según el Plan de Acción de Cormagdalena 2016 – 2018, tenían proyectado convenios y contratos con ese centro de investigación por otros $ 15.079.000.000.
A pesar de toda esa cantidad de recursos, dos de los fundadores de esa entidad, la Cámara de Comercio de Honda y Confecámaras, han manifestado que dicho centro de investigación debe acabarse, porque no tiene una estructura organizacional autosostenible, su nivel de producción es bajo y que, además, su nómina mensual ($50.725.700) es demasiado costosa para su eficacia actual.
Todo lo anterior fue pensado, creado, aprobado, apoyado y financiado para cumplir con una parte de la ley, desconociendo –con intención o sin ella– que la otra parte de esa norma ordena que en Barranquilla debe operar y funcionar un laboratorio de ensayos hidráulicos y que este debe ser asumido y utilizado, igualmente, como centro de investigación científica por parte de Cormagdalena, para el estudio y diagnóstico de los principales problemas hidráulicos del río Magdalena y sus derivaciones navegables.
Pero en vez de atender de manera integral y completa lo que ordena el artículo 8 de la Ley 161 decidieron realizar gastos, inversiones y contrataciones millonarias solo en una entidad privada, cuyas funciones, entre otras, deberían estar a cargo de Cormagdalena.
Mientras lo anterior lo hacían de manera sesgada, acabaron, destruyeron, secuestraron y hasta ocultaron al laboratorio hidráulico que debe funcionar en Barranquilla, que con lujos de detalles, profesionalismo y a prueba de cualquier cuestionamiento administraba la Universidad del Norte a través de un convenio que dejaron terminar en 2013, pero que, sin duda, es hora de retomar para beneficio de Cormagdalena, el país, el río Magdalena y de la zona portuaria barranquillera.
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