Columna de opinión en el periódico El Heraldo escrita por Cesar Lorduy. Fecha de publicación: 1 de julio de 2017.
Las jugadas efectuadas por Navelena, extitular del contrato para la recuperación del río Magdalena, no le sirvieron para evitar que Cormagdalena la multara con $620.508.600 por no lograr el famoso cierre financiero, tal como lo dice la resolución 000179 del 30 de junio de 2016, confirmada por la 000203 del 30 de julio del mismo año.
Tampoco sus jugadas impidieron que, por no haber cumplido con su obligación de garantizar la profundidad y ancho del canal de acceso al puerto de Barranquilla, Cormagdalena la multara con $914.216.980, tal como establece la resolución 00063 del 1° de marzo de 2017, confirmada por la 00077 del 22 de marzo de esta misma anualidad.
Tantas fueron las jugadas fallidas de Navelena que a Cormagdalena no le quedó otro camino que declararle el incumplimiento grave de las obligaciones y la caducidad del Contrato de APP 001 de 2014, además de hacerle efectiva la cláusula penal pecuniaria por $55.328.775.000, tal como lo señala la resolución 00078 del 23 de marzo de 2017, confirmada por la 00102 de 17 de abril del año en curso.
Ahora hay otra jugada de por medio. 193 Trabajadores de Navelana, la mayoría de ellos desvinculados como consecuencia de lo anterior, esperan que les paguen sus prestaciones sociales, indemnizaciones y los salarios que se les debe a la mayoría de ellos desde el 1° de abril pasado, a pesar de que casi todos han firmado acuerdos de terminación mutua, so pretexto de facilitar la determinación de los valores que hay que cancelarles.
La plata con la que les deben pagar a esos trabajadores, quienes tienen toda la prelación según las normas civiles y laborales, está en el Fideicomiso N° 4-2-1739 que administra la Fiduciaria de Occidente, el cual tiene un saldo de $176.285.619.140 contra los cuales se debitaría la suma de $6.119.000.000 que es suficiente para cancelar la mayoría de las obligaciones laborales pendientes.
Todo estaba listo para el pago. Para tal efecto, Cormagdalena, antes de darle la orden al Fideicomiso para que hiciera el desembolso y así facilitar la atención de las necesidades de los trabajadores, a pesar de que el contrato no se ha liquidado y sin que estuviera obligada a ello, estaba lista para firmar un acuerdo con Navelena, pero este se ha visto frustrado por un cambio de opinión, intempestivo y repentino, de la Fiduciaria.
Esta entidad opinaba que la orden del 5 de mayo expedida por el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá, que ordena el embargo de $172.537.531.530 a favor del Banco Agrario en la Fiduciaria de Occidente, no corresponde a las sumas ni al concepto que hay en el fideicomiso mencionado, tal como lo ratifica la Gerencia Jurídica de esa entidad.
Ahora la Fiduciaria interpreta de otra manera lo que dice la orden judicial e impide que se hagan los pagos a los trabajadores, con el pretexto de garantizar lo que Navelena le debe al Banco Agrario, pero también presiona para que se haga la liquidación del contrato, decisión que no es de su competencia. Para colmo, tampoco quiere pagarle a la interventoría del incumplido contrato.
Se espera y ojala que la Fiduciaria no esté atendiendo de manera ilegal solicitudes de Navelena, que ya le incumplió al país, a Barranquilla, a Cormagdalena y al Banco Agrario, porque estaríamos frente a otra jugada para incumplirles, en esta oportunidad, a los trabajadores.
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