Columna de opinión en el periódico El Heraldo escrita por Cesar Lorduy. Fecha de publicación: 16 de agosto de 2016.
La regla general indica que toda decisión tomada en un cuerpo colegiado es obligatoria y debe ser cumplida por todos los que hicieron parte de la misma, e incluso por los ausentes, desde el mismo momento en que esta se acuerda, a menos que esté sujeta a un mecanismo de refrendación posterior.
Si esa regla no existiera, cada miembro de una junta directiva, magistrado de un tribunal o corte, organismo internacional, miembro de cualquier corporación de elección popular, etc., trataría de aplicar la decisión que considera válida y por esa vía el caos y la anarquía, que algunos quieren, siempre estarían presentes.
Frente a la regla anterior existe otra que permite cuestionar, civilizadamente, las decisiones ante los organismos competentes en caso de no estar de acuerdo, ya sea por razones de forma o de fondo, si es que tal decisión no es de conocimiento automático y previo por quien, en últimas, le da su aprobación para su cumplimiento y validez.
Desde el 11 de septiembre hasta el 14 de diciembre de 2015, en ocho oportunidades, el Congreso tomó decisiones que obligan no solo a quienes participaron en ella, sino a los ausentes. Inicialmente hubo debates en las comisiones correspondientes, luego en plenarias y finalmente en las comisiones de conciliación sobre el proyecto de ley que regula el plebiscito para refrendar el acuerdo final que terminará el conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
A pesar de lo anterior, algunos miembros del Congreso –muy pocos, pero que hacen una bulla como si fueran muchos– se mantienen en contra de esta decisión, porque la única que aceptan es la de sus puntos de vista y piensan que mientras este no se acoja, todo lo demás es ilegítimo e ilegal.
Esos pocos también consideran que es ilegítimo e ilegal el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que no solo avaló lo que el Congreso decidió, sino que agregó: “La Constitución es ante todo un tratado de paz. Pues, bien, la firma de un acuerdo de paz con 7.500 miembros de las Farc garantiza su legitimidad y eficacia en tanto se apegue con rigor al tratado que 48 millones de habitantes han firmado, la Constitución que esta Corte resguarda”.
Ilegítimo e ilegal es no aceptar lo que legítima y legalmente se ha decidido, y a cambio luchan de forma criminal para fomentar una guerra “para que jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de unos pocos viejos que se conocen y se odian, pero no se matan”, como dice Erich Hartman.
Viejos que desean que los jóvenes se maten por ser ellos egoístas, ególatras y viudos de poder, cuyas cuentas pendientes son muchas y que también queremos saldar. Ellos no le pueden negar a quienes vivimos en este país y a las futuras generaciones la alegría y la esperanza que se obtendría con la paz, producto de unos acuerdos que, sin estar finalizados, han sido plenamente divulgados (http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co).
Por ello solamente nos queda la opción de invitar a decir Sí a la paz votando Sí.
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