Quien escribe es uno de los 5.490 accionistas privados Tipo B que tiene la Triple A, que decidimos a mediados de 1992 apoyar como barranquilleros la creación de una nueva empresa que se encargara de los servicios de agua, aseo y alcantarillado, independientemente de la rentabilidad que dichas acciones pudieran generar.

Para la época, los servicios prestados por la E.P.M. en Barranquilla tenían una cobertura de solo el 60% en acueducto y 50% en alcantarillado. Mucha agua llegaba a los barrios en carrotanques de propiedad, entre otros de concejales. Un poco más se transportaba en carro e mulas y al hombro de mujeres, hombres y niños que madrugaban y recorrían grandes distancias para tener acceso al precioso líquido. Aun así había que pagarla a un costo muy superior a si llegaba directamente a los hogares. El alcantarillado eran los arroyos y gran parte de ese pasivo, incluso ambiental, todavía lo estamos corrigiendo.

Las válvulas eran manipuladas por algunos para que el agua les llegara a unos pocos. Políticos construían redes y plantas por donde nunca pasó el agua, pero que cambiaban por votos. El nivel de perdidas estaba en el 30% y, lo peor, los que recibían el servicio no pagaban; otros, con trampas, hasta lograban que les borraran las deudas.

Bañarnos con totuma era el pan de cada día y como parte de la solución terminamos construyendo una ciudad subterránea llena de tanques de almacenamiento; otros hicieron albercas que por falta de cuidados terminaron siendo foco de enfermedades que atacaron especialmente a los niños.

Todo eso ocurrió porque en 1960 la administración de la E.P.M., que estaba a cargo de una Junta Directiva compuesta por tres miembros –nombrados por el Concejo Municipal, entre candidatos propuestos por la Cámara de Comercio y la Central Trust Co–, pasó en su totalidad a ser manejada directamente por el Cabildo.

Cincuenta y seis años después, como farsa o como tragedia, la historia no se puede repetir, por causa de unos apetitos políticos que hay en España que persiguen apoderarse de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid (Canal Isabel II y sus filiales). Lo que allá pasa no puede replicarse en Barranquilla en detrimento de este servicio. Ni se pueden tomar decisiones que afecten a la ciudad. Eso de seguro no lo apoyaría la Alcaldía.

Si hay algo distinto a la prestación de un servicio de calidad como el de Triple A, ganadora histórica de casi todos los premios de eficiencia, gestión y responsabilidad social en los que ha participado, pero que además no puede cobrar servicios con tarifas distintas de las que le autorice la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, debe ser evaluado y decidido por las autoridades competentes.

Lo que nos toca es apoyar esta empresa, su estabilidad y continuidad en el servicio, su gestión en la ciudad y en casi todo el Departamento, en el que se requiere con urgencia coberturas del 100% en los diferentes servicios, con igual calidad y eficiencia que los que se prestan en Barranquilla. Punto.

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