Columna de opinión en el periódico El Heraldo escrita por Cesar Lorduy.Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2014.
A buena hora, el pasado 25 de octubre el presidente Santos firmó el Decreto 2155 de 2014 por medio del cual se definen los estándares unificados de tecnología de los equipos de inspección no intrusiva (escáneres) que deben operar en los puertos, los cuales permitirán detectar de manera más rápida el tráfico de estupefacientes, el contrabando, el comercio ilegal de armas, etc.
Con relación a las drogas, sea lo primero mencionar que según la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -Unodc- la producción de cocaína con 100% de pureza fue en toneladas promedio para el año 2010 de 424, en el 2011 de 384, 2012 de 333 y para el año 2013 de 290.
Las incautaciones de cocaína reportadas por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, asumiendo que la misma fuera también de 100% de pureza, fue en toneladas para el año 2010, de 83.59; en el 2011, de 79.12; 2012, de 103.53; para el año 2013, de 109.79, y a octubre 15 de 2014 de 78.15, entre las cuales se deben encontrar las 18.53 toneladas incautadas recientemente en los terminales portuarios de Colombia.
Las anteriores cifras indican que el país solo logra incautar una parte de la producción total de cocaína de alta pureza, lo que muestra que gran parte de esa droga, descontando el consumo que es mínimo, siempre pretenderá salir hacia el exterior, y una de las vías son los puertos del país, a través de las cargas o en contenedores que pudieran contener a las mismas.
Esfuerzos para evitarlo se han hecho en todos los frentes. Uno de ellos es que en los principales puertos por donde sale carga de exportación hay una sede de la Policía Antinarcóticos y algunos terminales portuarios cuentan con una patrulla de esa entidad, que, a su vez, recibe apoyo de la Sección de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los EE.UU en Bogotá.
Otro esfuerzo es el adoptado por los empresarios colombianos a través del Basc-Business Alliance for Secure Commerce, que es una alianza empresarial que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales, a fin de generar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro.
El esfuerzo de ahora es que los puertos por donde salga carga de exportación, a su vez titulares de concesiones portuarias, cuenten con la tecnología que permita la detección de drogas y que ojalá dicha tecnología, una vez aplicada, disminuya o elimine los costos de revisión de los contenedores y le garantice al exportador que una vez su carga sea revisada, dicha revisión sea un amparo o paz y salvo frente a su cliente y autoridades del exterior en caso de situaciones negativas.
Sin embargo, preocupa profundamente que los puertos que están en ejecución –y que no cuentan con ninguna partida para la adquisición de dichos equipos–, deban solicitar la modificación del contrato de concesión. Esto puede generar mayores costos para el portuario por lo injusta que es la nueva metodología parta el cálculo de la contraprestación establecida en el Decreto 1099 de 2013, a menos que asuman la inversión por su cuenta y riesgo, que para el solo caso de la Sociedad Portuaria de Buenaventura tiene un costo de entre US$10 millones y US$11 millones.
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