Columna de opinión en el periódico El Heraldo escrita por Cesar Lorduy. Fecha de publicación: 13 de febrero de 2016.
Recuperar Barranquilla, y en especial emblemáticos lugares, ha sido una tarea titánica y exitosa de las administraciones distritales de los últimos ocho años, que de seguro continuará. Han rescatado edificios patrimoniales, como la Casa Vargas, para convertirlo en una gran librería; el área de San Andresito para integrarla al Parque Cultural del Caribe; la Intendencia Fluvial, para construir la Plaza del Río Grande de la Magdalena, y las plazas de las iglesias de San Nicolás –adonde volvieron las ventas de flores–, San Roque, próximamente San José y la del Hospital, y faltan muchas más.
Para el disfrute del espacio público de toda la comunidad estas obras han requerido un gran esfuerzo financiero. Lo que resta está orientado por el Plan Maestro de Espacio Público, convenido entre el Distrito y Findeter.
Por años, calles del Centro, el Boliche y Barranquillita fueron invadidas por vendedores que hoy se dicen ‘dueños’ de ellas, amparados en el famoso principio de la confianza legítima. El censo de Promocentro de 2005 identificó 9.030 vendedores estacionarios, y ese conteo oficial dio origen al Decreto 0093 de 2005 que reglamentó el uso del espacio público por vendedores informales. En 2011, Urbefuturo hizo una verificación de dicho censo: las cifras arrojaron 9.162 vendedores, que podrían ser más, porque, según Asocentro, “los que aparecen en 2011 no están en 2005”.
Hace algún tiempo, organismos de seguridad realizaban un operativo en el Centro. Como en las películas policíacas, investigadores se disfrazaron para camuflarse y no ser identificados por los delincuentes a los que seguían en los alrededores de la Alcaldía. Una investigadora comenzó a vender bolis. En pleno operativo una mujer increpó a la ‘nueva vendedora’ y le exigió “pagar una prima” para dejarla ejercer su actividad. La furiosa reclamante dijo que la calle era de su “propiedad” y, lo peor, sentenció: “Si no pagas, te ganas una puñalá”. El operativo fue suspendido.
Desde 1997, gremios como el Sindicato Nacional de Unidad de Comerciantes Menores (Sinucom), la Asociación Pro-Seguridad y Recuperación del Centro de Barranquilla (Asocentro), los ‘roperos’, comerciantes de San Andresito y del Boliche, Edubar y hasta la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público han reconocido una descarada compra-venta y alquiler del espacio público.
En ese mercado de lo ilegal, andenes, calles y esquinas son vendidos, arrendados y permutados. Su valor depende de la época y del flujo de clientes. Quienes se han adueñado de esos lugares, o incluso los que han sido reubicados y mantienen su antiguo sitio de venta como sucursal ponen el precio.
De manera que hay que seguir apoyando la recuperación del espacio público para el disfrute de todos, para que no siga siendo el negocio de unos cuantos que, ejerciendo una lucrativa actividad empresarial, se amparan como vendedores ambulantes y estacionarios para seguir apoderándose de calles, andenes y esquinas.
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